El Plenario Provincial de Delegados/as de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe decidió por unanimidad entregar el documento que a continuación se detalla a Diputados y Senadores provinciales. 


Puntos a considerar respecto del Proyecto de Ley de Jubilaciones.
1.- Comisión de Análisis: Hemos apoyado la iniciativa de conformar la Comisión de Análisis para la sustentabilidad del sistema jubilatorio de la Provincia. Sabido es la amplia participación que hubo en la exposición de los distintos actores vinculados a la Caja y, en particular, de los sindicatos más representativos del sector.
La conclusión de dicha comisión fue explicitada en un documento que fue aprobado por unanimidad.
El acuerdo arribado refiere a los siguientes puntos: Ratificar la permanencia de la caja en la órbita del Estado Provincial y del sistema solidario, de reparto asistido y público. Reclamar a Nación el pago de la deuda y exigir que se repongan las transferencias mensuales. Sostener los regímenes especiales. Otorgar más equidad al sistema: quienes tienen mejores ingresos están en condiciones de realizar mayores esfuerzos.
Ese fue el marco conceptual en el que todos los actores estuvimos de acuerdo.
A la par, los distintos sindicatos hicimos propuestas concretas en relación a las cuestiones referidas a la representación sectorial en el marco de los principios acordados.
Es necesario acotar, que al menos en nuestro caso, no se recogieron las propuestas que hicimos. Entendemos que lo mismo ocurrió con todos los sindicatos.

2.- No hemos tenido ninguna participación en la elaboración del proyecto: Tomamos conocimiento del proyecto de Ley, a través de los medios de comunicación tan sólo a una semana de su tratamiento en la Legislatura. Hubiese sido razonable, en primer lugar, una discusión previa para dejar plasmada nuestras posiciones al respecto y, en segundo lugar, tiempo suficiente para pedir aclaraciones de modificaciones confusas y para advertir sobre situaciones que, así las cosas, serán judicializadas.

3.- No hubo análisis Actuarial: La propuesta de profundas modificaciones en el Proyecto de Ley presentado no fue acompañada por un análisis actuarial que explique y dé los fundamentos fácticos para prever el futuro.  Ni siquiera se dio a conocer el impacto que esta situación generará en los recursos de la Caja, ni mucho menos en los propios trabajadores/as.
Hoy, con los instrumentos que nos brinda la digitalización a partir de la aparición del Excel, Ciencia de Datos, y la IA aplicada, este tipo de análisis resulta una tarea que de ninguna manera se puede considerar inaccesible para el Estado que podría resolverla en muy poco tiempo, dado que dispone de todos los datos necesarios para alimentarla. Aparenta ser un Estado sin capacidad de incorporar tecnología disponible para resolver cuestiones propias de gestión.

4.- Observaciones: Sin entrar en un análisis exegético del proyecto, y por lo expuesto anteriormente, señalaremos sólo algunas cuestiones que nos parecen a todas luces observables, a saber y sin que ello signifique un análisis de todo su contenido:

a.- Movilidad y Emergencia: Nos oponemos en forma terminante a la modificación que lleva a que los aumentos a los Jubilados y Pensionados se hagan efectivos 60 días después de haberlo percibido el sector Activo. Recordemos que el traslado inmediato de los incrementos salariales al sector pasivo fue a través de una norma emanada durante la gestión de Hermes Binner hace más de 15 años, y sostenida por los demás gobiernos. Lejos está en constituirse en un privilegio, sino en una razón de justicia y solidaridad inter generacional.

Esto provoca, además, una distorsión en los ingresos dado que, en una economía inflacionaria, significa un deterioro manifiesto en el poder adquisitivo de los salarios.

Con respecto a la Emergencia Previsional dispuesta por dos años y con posibilidad de prórroga por un mismo período, si bien establece un sistema progresivo y un piso que no afecta a un número importante de Jubilados y Pensionados, al crear un aporte porcentual del haber jubilatorio, tiene un impacto negativo en el poder adquisitivo de los salarios de los jubilados y pensionados.

b.- Aportes: Sostenemos que es injusto aumentar los porcentajes de aporte a los sectores que están muy por debajo de la Línea de Pobreza (trabajadores que ganan menos de $700.000) a quienes se les aumenta entre un 2 y un 2.5% de aportes. Sin embargo, el incremento de aporte del Estado solo alcanza al 1.8%. En el caso de los/as trabajadores/as que representamos involucra a alrededor del 80%, que insistimos, tienen que aportar un porcentaje mayor de lo que aporta el Estado.

c.- Ingresantes y Promociones de Categorías: Quienes ingresan al Estado deben aportar un mes de sueldo a la Caja, pudiéndose optar por hacerlo en 12 meses. Esto equivale a un descuento del 8% mensual durante un año, provocando un impacto negativo en el poder adquisitivo de salarios que promedian los $550.000. También deberán aportar quienes promuevan de categoría, en el primer mes, el incremento logrado y hasta en 6 cuotas.

d.- Tareas Riesgosas: Con toda razonabilidad planteamos la necesidad de fijar un régimen especial para los/as trabajadores/as con tareas penosas, estresantes, agobiantes, insalubres, de modo de garantizar, y por razones de equidad, menos años necesarios para jubilarse, dada las características de sus funciones. Si bien hoy existe un régimen que les permite una jubilación anticipada, haciendo un aporte personal adicional, el Proyecto de Ley lo hace más gravoso (aumenta el aporte en un 2%) y con mayores exigencias. En realidad, esto no es un privilegio, sino que es un reconocimiento al desgaste que esas tareas suponen que, sin dudas desmejoran la calidad de vida como trabajador/a compensable con menos años de trabajo. El Estado debería hacerse cargo de ello habida cuenta que las causas obedecen, precisamente, a que ha usufructuado de ese sacrificio y que no se lo puede trasladar al propio trabajador/a.

e.- Pensiones: En lo referido a las Pensiones, no solo disminuye el porcentaje para determinar el beneficio, sino que reduce drásticamente la permanencia en la percepción de la misma, siendo muy difusa la condición para acceder al beneficio con carácter vitalicio.

f.- Delegación de facultades: Nos oponemos a la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad para aumentar la edad, en el caso de que el Estado Nacional aumente las edades. No sólo porque esto implica resignar autonomía de la Provincia, sino porque se trata de un tema sensible que merece ser debatido por los legisladores y los representantes de los trabajadores.

g.- Comisión Técnica: El proyecto de ley crea una Comisión Técnica integrada por dos senadores, dos diputados y dos integrantes del poder ejecutivo. Se niega la participación de los/as trabajadores/as, es decir de los principales involucrados y destinatarios de la reforma.

h.- Deuda de Nación: Exigimos al Poder Ejecutivo que arbitre todos los medios para el cobro de la deuda que Nación mantiene con la Caja y la regularización de los aportes mensuales que por ley le corresponden a la Caja.
 
Finalmente, entendemos que el Proyecto de Ley, más allá de las injusticias señaladas, no ha tenido la participación efectiva de las instituciones gremiales quienes no han podido siquiera opinar sobre el texto del mismo. No se hicieron los estudios actuariales para ver en proyección los resultados que la reforma propone y, como sostuvimos, se carga en los trabajadores de menos ingresos –quienes perciben un salario por debajo de la línea de pobreza- un incremento de los porcentajes de aportes que tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de sus salarios.
 
Solicitamos a los/as señores/as legisladores el tratamiento del Proyecto de Ley en las Comisiones que correspondan, con participación de los representantes de los/as trabajadores, para darnos el debate necesario ante la magnitud de la reforma propuesta.