Frente a los comentarios realizados por el flamante Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, durante el fin de semana sobre el Organismo y sus trabajadores/as del INADI expresamos nuestra preocupación y entendemos necesario dar cuenta de aquello que se omite: el origen, desarrollo y competencias del Instituto, y el rol central de lxs trabajadores/as que lo sostienen.
 
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se crea en el marco de la segunda reforma del Estado que efectuó la Presidencia de Carlos Menem y como producto directo de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.
 
A partir de la Ley 24.515/95, el Organismo tiene como objetivo elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
 
Estas atribuciones son concordantes con la reforma de la Constitución de 1994, que eleva a rango constitucional múltiples Tratados Internacionales de protección de los Derechos Humanos.
 
El INADI es un organismo descentralizado. Sus autoridades y administración se componen de un Directorio con un/a Presidente/a, electo/a en el Congreso a través de una terna, por representantes del Poder Ejecutivo y de Organizaciones no Gubernamentales, dando cuenta del espíritu de creación del Instituto y de su desarrollo específico a lo largo de todos estos años.
 
Desde su creación, el INADI fue vanguardia en la promoción de la perspectiva no discriminatoria en nuestro país, en el posicionamiento público, en el acompañamiento y realización de políticas públicas y legislaciones de ampliación y reconocimiento de los derechos humanos. Supo consolidar políticas transversales inclusivas, generar fuertes articulaciones con organismos estatales nacionales, internacionales y supranacionales, promover campañas de comunicación y de sensibilización sobre la igualdad y la no discriminación; y, ser un Instituto sustancial en la producción de normativas que son pioneras en latinoamerica y en el mundo.
 
Una función fundamental del Organismo es la aplicación de la ley 23.592/88 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento a partir de la toma de denuncias, la conciliación entre las partes y la elaboración de dictámenes atenientes a su competencia específica. También, la ley mencionada le asigna la potestad del desarrollo de diagnósticos, informes y propuestas de carácter federal en materia de discriminación, xenofobia y racismo con el objetivo de lograr una sociedad más igualitaria.
 
En los últimos 8 años, el Organismo sufrió un achique presupuestario y un estancamiento en el despliegue de sus políticas públicas. Lxs trabajadorxs resistimos a la falta de un criterio integral de gestión en materia de DDHH y no Discriminación, a los vaivenes de la sucesión de conducciones que tuvo el Instituto y al deterioro en las condiciones laborales y contractuales. Lo hicimos gracias a la organización, a pesar de la violencia, el ninguneo y el ataque mediático, intentando sostener el sentido del INADI y nuestros derechos laborales.
 
Por todo ello, queremos dejar en claro que el INADI no es sólo un Organismo receptor de denuncias que actúa “a demanda”. El Instituto tiene un rol fundamental en la elaboración de políticas públicas de prevención de la discriminación, de reparación histórica hacia grupos vulnerados y de promoción de los derechos de la población, que alientan la transformación social y cultural.
 
A raíz de las discusiones sobre el funcionamiento del INADI, el fin de la intervención y la necesidad de normalización, tal y como ATE lo reiteró ante las distintas administraciones, permitiría recuperando el pleno de sus funciones y su rol diferencial respecto al Poder Ejecutivo que la ley de creación del mismo le otorga.
 
En INADI no sobran trabajadorxs. Lxs trabajadorxs somos quienes sostenemos su accionar a lo largo y ancho de nuestro país. En la mayoría de los casos, trabajamos sin los recursos materiales necesarios para ello y con condiciones laborales precarias que no reconocen la expertise en la materia y los años de trayectoria en el Organismo. Nada de esto desalienta el compromiso que tenemos con nuestro Instituto.
 
En ese sentido, necesitamos que se entienda la importancia del INADI en su integralidad. En resguardo de los compromisos internacionales y nacionales, la decisión y acción de esta nueva gestión debe contener al INADI como política de Estado, a partir del despliegue de la prevención, la promoción y la asistencia en materia de derechos humanos y no discriminación.
 
Vemos como irresponsable que el Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, haga declaraciones públicas sin reunirse previamente con la representación de lxs trabajadorxs. Por ello, solicitamos una audiencia, con el objetivo de hacerle llegar nuestra perspectiva y darle a conocer las tareas, acciones del Organismo y la importancia de los/as trabajadores/as n su despliegue. En definitiva, solicitamos que se respete la ley.